Las cuentas claras: que el Gobierno dé la cara

Hoy nos hemos levantado con una noticia realmente preocupante: la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha decido abrir diligencias penales contra el Gobierno de Aragón a raíz de su Informe de 2004 y 2005.

En los informes relativos a otros ejercicios, el Tribunal de Cuentas ya había detectado irregularidades de mayor o menor importancia en las cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero cuando el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, compareció en las Cortes el pasado 21 de octubre para presentar este Informe en cuestión, restó importancia a las dudas que planteaba el texto.

En el Informe se ponen de manifiesto debilidades en el control interno del Gobierno de Aragón, irregularidades en modificaciones de crédito, ausencia de una base de datos de subvenciones, subvenciones concedidas sin convocatoria y de forma específica (777 millones en 2005), oscurantismo del sector público de la Comunidad Autónoma…

Y toda la comparecencia de Larraz se basó en que el Informe del Tribunal de Cuentas era absolutamente normal, en la línea de los de años anteriores. Larraz destacó en varias ocasiones que el Tribunal de Cuentas hacía recomendaciones dentro de su función fiscalizadora (de control), pero que nunca había utilizado en los informes de la Comunidad Autónoma la función jurisdiccional (de investigación penal), que, según explicó, consiste en enjuiciar la responsabilidad contable en la que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes.

Textualmente, dijo lo siguiente: “Otra cosa es que interviniera la Fiscalía, ¿verdad?, eso sí que sería un tema complicado”. Pues bien, el “tema complicado” ya está aquí: la Fiscalía ha abierto diligencias penales contra el Gobierno de Aragón, y, ante esta situación, quien debe intervenir es el máximo responsable del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y cuanto antes.

Mañana hay Pleno en las Cortes, y en el orden del día no hay nada al respecto, pero el Reglamento de las Cortes contempla la posibilidad de que en todas las sesiones ordinarias (como es el caso) se reserve un apartado para que la DGA, a petición propia, pueda facilitar información o efectuar una declaración sucinta sobre un asunto determinado (art. 179).

Mañana, Marcelino Iglesias debe comparecer, porque el tema lo merece, desde luego. El consejero Larraz ha solicitado comparecer ante la Comisión de Economía para, dice, «tranquilizar» a los grupos. Pero esa Comisión no está prevista hasta el día 21, ¿hasta entonces van a esperar para tranquilizarnos? Mañana, y no otro, es el día en que hay que dar la cara, y a partir de ahí, las veces que sea necesario.

Y es que los hechos son graves: no se trata solo de simples irregularidades contables –que también las hay– sino de adjudicaciones de contratos presuntamente delictivas que han llevado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a abrir diligencias.

Hay siete departamentos del Gobierno de Aragón implicados, tanto del PSOE como del PAR (pongo entre paréntesis los consejeros responsables en los años 2004 y 2005): Presidencia (José Ángel Biel, PAR), Medio Ambiente (Alfredo Boné, PAR), Salud (María Luisa Noeno, PSOE), Educación, Cultura y Deporte (Eva Almunia, PSOE), Industria, Comercio y Turismo (Arturo Aliaga, PAR), Economía, Hacienda y Empleo (Eduardo Bandrés, PSOE) y Servicios Sociales y Familia (Ana de Salas, PAR).

El número de contratos irregulares es también significativo: de los 64  analizados, presentan indicios delictivos para la Fiscalía nada menos que 26 –el 40%–, en relación con temas de los que se ha hablado largo y tendido en estas Cortes a propuesta de los grupos de la oposición (Museo Pablo Serrano, Plan de Depuración, Colegio Parque Goya II, Monasterio de San Juan de la Peña, glorieta y parquin de Teruel, Hospital de Barbastro…). Y estaríamos hablando de una cuantía también importante: casi 500 millones de euros.

Por todo esto, desde el Grupo Parlamentario CHA exigimos:

1. Que, mañana mismo, el Gobierno de Aragón dé explicaciones, porque la cuestión es tan grave que la ciudadanía se merece que comparezca el máximo responsable del Gobierno: Marcelino Iglesias.

2. Que se constituya inmediatamente la Ponencia para estudiar el informe del Tribunal de Cuentas 2004-2005 en las Cortes.