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Todo funciona normalmente en sanidad… o el cinismo del consejero Oliván

09/10/2012

En el Pleno del pasado viernes 5 de octubre, le pregunté lo siguiente al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, en nombre del GPCHA “¿Cree Ud. que las instrucciones proporcionadas al personal del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) para la atención a personas que carecen de la condición de asegurado o beneficiario aclara o facilita la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 en Aragón?”. Obsesionado como está en el mensaje de “no pasa nada“, su respuesta siguió en su línea habitual: (resumo) la atención sanitaria se está desarrollando con normalidad… y las denuncias sociales y las del GPCHA son pura demagogia, porque no se basan en nada… ¡Qué cinismo!

La comparecencia de la Plataforma Salud Universal en la Comisión de Peticiones Ciudadanas, que tuvo lugar tres días antes, lo dejó todo muy claro.  Sus representantes expusieron con ejemplos concretos cómo se está dificultando, cuando no impidiendo, el acceso a la sanidad pública a muchas personas inmigrantes sin papeles en Aragón, que se lo piensan muy mucho antes de acudir ahora a un centro de salud. Pese al breve tiempo del que disponían, denunciaron el gran desconcierto que hay incluso en las tripas del sistema sanitario público aragonés con las instrucciones que les han ido proporcionando sobre cómo deben actuar y a quién hay que atender y cómo.

Ha habido varias circulares informativas para el personal de admisión de los centros del SALUD cambiando las directrices, sin concretar lo necesario, echándole la responsabilidad al personal administrativo… Un caos: primero dijeron que atenderían y después facturarían, que nadie se quedaría sin atender… ahora ya estamos llegando al meollo de la cuestión: facturar para cobrar, del paciente, o de su país de origen… Y pensemos un momento en lo que esto significa y la inseguridad jurídica y política que puede suponer, porque hay personas que no pueden regresar a sus países de origen. Se han sacado de la manga “convenios especiales” para remitir la factura al país de origen del paciente, y se quedan tan anchos, equiparando de la manera más burda e injusta el turismo sanitario con la atención a personas inmigrantes.

En resumen: quien quiera atención tendrá que solicitarlo y eso implica desvelar su condición de “con o sin papeles”. ¿Este es el gran logro que se atribuye el consejero con personas en  situación vulnerable y desprotegida? Los protocolos hablan de la firma de un compromiso de pago, de facturas que no se sabe quién, cómo o cuándo ni de quién cobrará, de informes sobre los recursos económicos de la persona solicitante, aunque no se sabe cómo se hará… Y, eso sí, “se actuará si se detecta que tiene ingresos”. Pero hace una semana no se sabía quién y cómo se encargará de “actuar”, pese a que la reforma lleva en vigor desde el 1 de septiembre.

Además, fuera recetas oficiales para medicamentos (es decir, que se los paguen íntegros los “sin papeles”, que sin trabajo o con un trabajo mal remunerado ya será lo único que necesiten). Pues, aún así, el consejero tiene arrestos para decir que NO PASA NADA, cuando en el mes de febrero él mismo salió eufórico ante los medios de comunicación diciendo que iba a poner en marcha un plan para hacer la sanidad más accesible a las personas inmigrantes (sobre todo mujeres), porque “han venido a nuestro país a ayudarnos, fundamentalmente en época de expansión, y que ahora se han quedado en paro y necesitan nuestro apoyo“. Hemos pasado del derecho a la salud como personas al derecho a la salud como titular de un seguro, de pacientes a deudores, y se ha dado un vuelco al sistema.

“No pasa nada”, pero las entidades sociales no sabén que hacer o qué recomendar para no perjudicar a estas personas. “No pasa nada”, pero se han dado de baja 1.500 tarjetas sanitarias en el Centro de Salud San Pablo, en Zaragoza. “No pasa  nada”, pero hay casos de personas enfermas de VIH que llevan varias semanas sin recibir medicación. Y el consejero, que tiene sus papeles en regla, defiende con ahínco la solución del propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: que paguen 60 euros al mes al SALUD quienes no tiene derecho a contratar una póliza de seguros privado por no tener “papeles”. ¿No es un poco ruin? A mí sí me lo parece: muy ruin, insolidario, injusto e inhumano.

El Estatuto de Autonomía de Aragón y nuestra ley de Salud siguen reconociendo el derecho a la salud universal, así que el Gobierno de Aragón, Oliván y todo su departamento, están actuando en contra de una ley orgánica y de una ley autonómica que están obligados a defender. Su nuevo modelo incluye atención de primera y atención de segunda… o ninguna atención de ningún modo, como no te la puedas pagar. A quien se siente en el grupo de los de “primera”, tal vez esta reforma sanitaria le parezca hasta bien, hasta que no pierdan su privilegio, porque entonces verían las cosas de otra manera.

Insisto: ruin, insolidario, injusto e inhumano, porque lo manda Madrid, en vez de trabajar para mejorar la calidad de vida de quienes estamos en Aragón, con o sin papeles.

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