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Marcha atrás en los derechos de las mujeres

20/03/2012

Se están cubriendo de gloria diferentes miembros del Gobierno de Rajoy, ninguneando la violencia machista o los avances tan duramente peleados para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Las suyas no son palabras inocentes y van preparando el terreno para lo que el PP y sus acólitos pretenden perpetrar bajo la mirada aprobadora del ala más radical de la iglesia católica. Y no lo olvidemos: en democracia, la libertad solo puede ser posible si existe una estricta separación entre lo político y lo religioso.

No son gobernantes propios del siglo XXI. Hablar, como hizo Ruiz Gallardón, de una supuesta “violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo” para justificar la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva, revela su deseo de que las mujeres perdamos nuestro derecho a tomar decisiones que nos afectan directamente.

Los derechos sexuales y reproductivos, y, entre ellos, el derecho a la contracepción y a la interrupción voluntaria del embarazo libre y gratuita, forman parte de las reivindicaciones feministas desde siempre, en todos los lugares del mundo y para todas las mujeres, no solo para las que se lo pueden pagar.

Hablamos de decidir sobre nuestras propias vidas y exigir el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años es pura demagogia. El PP entiende que no tienen capacidad para decidir libremente abortar pero, ¿sí para asumir una responsabilidad de tal calibre como la de ser madre? Incoherencia pura y dura sabiendo que fue el propio PP el que estableció los 16 años como mayoría de edad para las decisiones sanitarias en una ley del paciente.

Ni los ministerios deben ser utilizados como púlpitos de ninguna iglesia, ni Ana Mato debe subestimar la violencia machista, transformándola en “violencia doméstica”. Si a la responsable de las políticas de igualdad hay que explicarle que la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo no tiene que ver con el lugar donde se produce sino con un abuso de poder, mal vamos.

Y que el ministro de educación, José Ignacio Wert, lance las perlas que lanza, es patético. Nos gobierna alguien que sostiene sin rubor que la incorporación de las mujeres al mundo laboral “incide negativamente en la familia” y ve “lleno de sentido común” el informe sobre el lenguaje no sexista de una RAE empeñada en dictar normas ajenas a la realidad actual y en ridiculizar los esfuerzos por lograr usos que no discriminen a las mujeres.

El sentido común dice que más vale pecar de redundancia que cometer esa especie de “genocidio de género” a la que se refería el escritor Luis Britto, ocultando a las mujeres bajo un masculino generalizado. Han hecho falta siglos para que las mujeres seamos un poco más visibles, y no hace tanto que desapareció el “profesor” y “doctor” de mi tarjeta universitaria para dar paso a lo que soy: profesora y doctora, igual que soy, en el momento actual, diputada (no “diputado”). Y así es como quiero ser nombrada.

El PP pretende sentar cátedra moral desde sus pedestales, pero en CHA seguiremos defendiendo los derechos y libertades de las mujeres ante cualquier intento de cuestionamiento.

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