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Devolver la confianza a la ciudadanía

08/04/2010

Pese a la impotencia que parecen defender otros partidos políticos, en CHA pretendemos que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos para reaccionar frente a la corrupción política y que las instituciones públicas estén dispuestas a hacerlo con toda la contundencia que exige la defensa de los principios democráticos.

Nuestro grupo parlamentario ha defendido en las Cortes de Aragón pronunciamientos conjuntos de todos los partidos en contra de la corrupción, pero PSOE y PAR han votado siempre en contra. Hemos intentado que el Gobierno inicie el proceso para la disolución del ayuntamiento de La Muela, un ayuntamiento invivible y totalitario en el momento actual, absolutamente destrozado, con la alcaldesa Mª Victoria Pinilla a la cabeza (que tuvo que pagar, y pudo hacerlo, 800.000 euros de fianza para salir de la cárcel, donde pasó cuatro meses en 2009, por la Operación Molinos), y el PSOE y el PAR han votado en contra.

Ahora, hemos registrado una iniciativa parlamentaria para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de que se incluya la posibilidad de que el Juez Instructor pueda acordar de forma provisional la suspensión de empleo o cargo público en los mismos términos que puede acordarle prisión provisional. Ya veremos qué pasa, pero sería más que deseable que todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo para que esta iniciativa resultara aprobada para que pueda llegar a votarse en el Congreso de los Diputados.

CHA no quiere desaprovechar ningún resquicio, porque entendemos que hay que buscar políticamente la manera de hacer frente a casos escandalosos como los que se están viviendo. Y es necesario que todos los partidos seamos contundentes contra la corrupción.

Es más, no puede ser que la ciudadanía siga pensando por más tiempo que “los políticos” son una de sus preocupaciones más serias, como se desprende de la lectura del último  Barómetro de Opinión. Una preocupación mayor, incluso, que la corrupción, y ello, muy seguramente, porque se está asimilando “actividad política” o “políticos” con “aprovechamiento indebido de los cargos públicos”, “enriquecimiento”, “privilegios”, “falta de credibilidad”, etc.

¿Con qué excusa se puede votar en contra de una propuesta como la que acabamos de registrar? Si de verdad se cree en la necesidad de impedir situaciones como las que se están viviendo en La Muela o en otros lugares de dentro o fuera de Aragón, la verdad es que yo no la veo por ningún lado.

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