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Discrecionalidad del Gobierno y voluntad política de atajar el escándalo de corrupción de La Muela

07/11/2009

El Justicia de Aragón hizo público ayer el informe que CHA le solicitó acerca de la pertinencia de que el Gobierno de Aragón iniciara acciones para la disolución del Ayuntamiento de la Muela, y sobre la necesidad de contextualizar el informe de la Comisión Jurídica Asesora que señalaba, entre otras cuestiones, el atenuante de que la alcaldesa de La Muela siguiera en la cárcel… cuando días después saldría para ocupar el puesto desde el que, supuestamente, cometió todos los delitos de los que está imputada.

Y el caso de La Muela, quiera o no el Gobierno de Aragón que se hable del tema (que no quiere, para qué vamos a engañarnos), sigue siendo escandalosamente grave.

Es más, seguimos pensando que el Gobierno de Aragón debe rectificar su postura y solicitar al Consejo de Ministros que disuelva el ayuntamiento de La Muela ya que la situación actual, con la alcaldesa imputada al frente, es inadmisible en una democracia.

El hecho de que los medios de comunicación ya no abran sus diarios y sus programas con el escándalo de corrupción de La Muela no significa -ni muchísimo menos- que el tema haya dejado de ser grave. Lo que ocurre es que al Gobierno PSOE-PAR se le acumulan los temas y las malas noticias, y unas se van sucediendo a otras ante la opinión pública: la pésima negociación de la deuda histórica, el visto bueno a un modelo de financiación autonómica que beneficia a otras comunidades autónomas en detrimento de Aragón, un nuevo e injustificado descenso de las inversiones del Estado en Aragón, las incertidumbres de la planta de Opel en Figueruelas, la destrucción de empleo en las comarcas turolenses, en el Alto Gállego, en Tarazona y el Moncayo, en el Aranda…

El informe del Justicia señala que se trata de una cuestión discrecional del Gobierno de Aragón y en CHA consideramos que concurren las circunstancias del artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local para que se procediera a esa disolución. Por ello, volvemos a reclamar que el Gobierno de Aragón actúe con valentía en este tema, por mucho que Mª Victoria Pinilla haya sido ensalzada públicamente por José Ángel Biel,  Presidente del PAR y Vicepresidente del Gobierno de Aragón, durante años, como un ejemplo de municipalismo a seguir… ¡Qué paradojas tiene la vida!

El informe, a pesar de que no considera que deba valorar estas cuestiones, reconoce que el Gobierno de Aragón ha tomado una decisión discrecional de carácter político a la hora de no reclamar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Y José Luis (Pepe) Soro, Vicesecretario General de CHA, tiene razón al señalar en la Nota de Prensa que hemos enviado a los medios que “dado que el Gobierno actúa con discrecionalidad, lo lógico, ante una situación inadmisible como la que está ocurriendo, sería que dejen de mirar hacia otro lado y actúen en defensa de los valores y la ética política“.

La situación del Ayuntamiento de La Muela sigue siendo insostenible e inadmisible desde el punto de vista político y, por respeto a los vecinos y vecinas de la localidad, ni la alcaldesa ni el concejal imputado deberían continuar ejerciendo sus cargos. ¿Quién puede defender que alguien que tiene las imputaciones de delitos que tiene pueda volver a ocupar el cargo desde el que, supuestamente, cometió tales delitos? Desde luego, no es razonable, al menos hasta que no se celebre el juicio oportuno.

La realidad es que Mª Victoria Pinilla y los concejales imputados vuelven a estar en el control del Ayuntamiento y que el municipio se encuentra en una situación de desgobierno total que está acarreando la pérdida de subvenciones, la falta de servicios y la actividad normal de la localidad.

Discrecionalidad, voluntad política¿a qué está esperando Marcelino Iglesias para actuar? O, mejor dicho, ¿tiene acaso algún impedimiento para hacerlo?

Insisto, para CHA, el Gobierno de Aragón puede solicitar la disolución del Ayuntamiento y debería hacerlo. Por mucho menos, ante la corrupción política destapada en otras comunidades autónomas, el PSOE está levantando la voz en nombre de la dignidad de la actividad política. ¿Por qué aquí, en Aragón, no?

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