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La tibieza del Gobierno de Aragón con las personas que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura

09/05/2009

El Gobierno del PSOE-PAR se ampara en el autogobierno para hacer lo que quiere, aunque  tal vez sería más acertado decir que por “autogobierno” entienden hacer lo que les interesa y punto.  De hecho, si les interesa, asumen compromisos -con el dinero de todos, eso sí- aunque sean competencia del estado, como sucedió cuando se adelantaron a la financiación de tramo educativo 3-6 años de los colegios privados concertados…

El pasado jueves, el Gobierno de Aragón prefirió mirar hacia otro lado cuando CHA les pedimos que pusieran en marcha algo así como una oficina o una ventanilla única para centralizar y canalizar las actuaciones que permitan el mejor cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica. Hablábamos de la necesidad de procurar asistencia psicológica, legal y administrativa, y de informar sobre subvenciones y ayudas, tareas de indagación, identificación y localización de víctimas, exhumaciones y otras cuestiones recogidas por dicha Ley, porque tanto las personas afectadas como sus familiares suelen encontrarse perdidos a la hora de plantearse qué pasos deben dar (y hasta si los tienen que dar).

Tanto el PSOE como el PAR defienden que el Gobierno aragonés está haciendo todo lo que le corresponde hacer en este sentido con la excusa de que es una ley estatal, y el otro día pretendieron quitarse el muerto de encima con este argumento. Sin embargo, las personas afectadas no opinan lo mismo. Con el fin de lograr el apoyo para nuestra iniciativa, en el transcurso del debate en el Pleno propusimos que se incluyera una petición: que el Gobierno de Aragón se dirigiera al Gobierno central para que éste asumiera los costes que pudiera conllevar la puesta en marcha de esa estructura de atención ciudadana. Pues ni aún así los conseguimos.

Los poderes públicos deben facilitar el desarrollo de una ley que nació verdaderamente corta tras todas las expectativas que había levantado el anuncio de su promulgación. Lo opina una buena parte de la ciudadanía… y lo opina también CHA. En el Congreso de los Diputados, presentamos numerosas enmiendas, porque en Aragón se sufrió especialmente todo ese proceso de persecución y violencia antes, incluso, de que estallara la guerra civil, y porque nos parecía que era de justicia que así fuera. ¿Qué valor podían tener aquellos juicios sumarísimos, por ejemplo? ¿Por qué desatender las reclamaciones que quienes sufrieron la represión?… El PSOE no se atrevió a seguir adelante con retos que, es cierto que en algún momento, sin embargo, dio la impresión de que podría asumir. No fue así.

Hoy, lo único que cabe esperar es que, al menos, la ley  pueda tener el mejor desarrollo posible, y ni siquiera el PSOE, que la impulsó, se atreve a favorecer ese reconocimiento expreso del derecho a la memoria personal y familiar que plantea el texto de la Ley, amparándose en el autogobierno.

¿Y qué concepto tienen PSOE y PAR del autogobierno? Aquí hay pocas diferencias, porque tanto uno como otro se pasan la vida mirando a Madrid si tienen que justificar la inactividad del Gobierno de Marcelino Iglesias, que en muchos temas no actúa hasta que no se ve obligado a hacerlo. En esta ocasión, deberían ir por delante de las reclamaciones ciudadanas, teniendo el cuenta el tema, o, al menos, respaldarlas y hacerlas suyas.

La ley recoge preceptos como el derecho a obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal, así como diversas medidas económicas y fiscales, pero las personas afectadas no siempre saben a dónde deben dirigirse. A donde no llega el Gobierno de Aragón, que por mucho proyecto “Amarga Memoria” que tenga, no atiende a estas personas como debería, tienen que llegar colectivos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), que están esperando una mayor implicación de los poderes públicos aragoneses. Lo pusieron de manifiesto cuando comparecieron en las Cortes de Aragón el 24 de febrero de 2009, porque, si Madrid no mueve ficha, ¿quién piensa en los derechos de la ciudadanía aragonesa?

De manera que, ¿quién tiene más legitimidad para decir cómo funcionan las cosas?: ¿La ciudadanía, que reclama un mayor compromiso del Gobierno de Aragón… o el Gobierno PSOE-PAR, que se empeña en decir que todo funciona ya suficientemente bien?
 
Necesitamos otros responsables políticos, necesitamos gente que sienta realmente el compromiso con esta tierra, algo que no pasa con los actuales, cuya actitud se resume de la siguiente forma: si falta algo, que lo arregle Madrid. ¿Con qué vergüenza se escudan con este tema en semejante frivolidad?

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