¿Pacto para reforzar la escuela pública?

La propuesta del ministro Ángel Gabilondo de un Pacto para lograr que la educación sea una prioridad social y una responsabilidad compartida al margen de los vaivenes políticos nos parece muy positiva… pero sólo si se apuesta claramente por la escuela pública.

Hay mucho que mejorar a nivel estatal y aquí, en Aragón, también. Y los aspectos mejorables deben ser abordados con urgencia y con voluntad de resolución. Si no se consigue, será un gran fracaso social.  Pero, a menudo se nos olvida un tema fundamental, que va más allá de las prioridades de los partidos políticos:  ¿se está contando realmente con la experiencia y los conocimientos de las personas que trabajan a diario en educación a la hora de elaborar el contenido del Pacto?

Para CHA, la  salud de nuestra educación depende, en buena medida, de la máxima implicación de las familias y del compromiso del profesorado. Pero es esencial la proximidad real de una administración educativa que aliente el buen hacer de muchísimos y muchísimas profesionales que trabajan en condiciones complicadas, que esté al tanto de las dificultades que se viven en los centros y que impulse con eficacia las medidas de mejora que se reclaman. La comunidad educativa lo necesita y lo agradecería.

El pacto por la educación debe procurar que la escuela pública se convierta en referente incuestionable de calidad para las máximas aspiraciones académicas. Queda mucho trabajo pendiente, porque las ratios permitidas por la administración aragonesa distan mucho de ser las aconsejables y distorsionan de forma preocupante las posibilidades de atención personalizada.

No es sólo cuestión de cuánto alumnado hay en un aula, sino de cuánta diversidad hay que atender para lograr el éxito de los objetivos planteados. La tolerancia de la administración educativa aragonesa con las prácticas selectivas de alumnado de algunos centros ha llevado a muchos otros, casi siempre públicos, a esas condiciones complicadas.

Y esto no es un problema de los centros sino de toda la sociedad, algo que lleva poniendo de manifiesto desde hace varios años el Consejo Escolar de Aragón y que la coalición PSOE-PAR no parece estar dispuesta a intentar corregir, como si la educación aragonesa no fuera con ella.

¿Por qué renuncia este Gobierno de  Aragón a mejorar nuestro sistema educativo de una forma coherente y desde aquí? El proyecto de ley de Educación para Aragón, anunciado por la entonces consejera responsable, Eva Almunia, ya en 2005, sigue sin ser remitido a las Cortes, aunque también fue uno de los primeros compromisos de la actual consejera Mª Victoria Broto cuando ocupó el cargo en 2008.

Necesitamos un gran pacto social estatal, sí, pero también una ley autonómica que regule nuestro propio sistema educativo. El Gobierno de Aragón no debe seguir utilizando el primero como una excusa más para no asumir sus responsabilidades políticas educativas. Es precisa una financiación más acorde con nuestros recursos y con los objetivos que se plantean, la priorización de las necesidades, la planificación rigurosa de las medidas educativas y su gestión desde el criterio del interés social y compromiso socioeducativo. 

Y es absolutamente necesario que no se malgaste esta gran oportunidad (como, en buena medida, se malgastó el debate de la LOE): el Pacto tiene que abordar cuestiones educativas, no resolver la papeleta electoral de los partidos mayoritarios. La página www.mejoratuescuelapublica.es ofrece buenas pistas de por dónde debería caminar el proceso…, a nivel estatal y autonómico.